
Especialistas debaten sobre los desafíos de la nueva
institucionalidad ambiental
En el marco del Seminario “Institucionalidad
Ambiental 2012”, especialistas de los diversos sectores
productivos se congregaron en el Hotel Sheraton para intercambiar
experiencias sobre las desafíos que presenta la nueva
institucionalidad ambiental del país.
Para Juanita Galaz, gerente general de la consultora MYMA, explicó que
la participación ciudadana es una instancia
en el proceso de toma de decisión, en el cual la autoridad
responsable habilita un espacio institucional para que todos
aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés
particular expresen su opinión. “La minería
debe asumir las demandas crecientes relacionadas con la responsabilidad
social de las empresas, de manera de contribuir al aumento del
bienestar de la sociedad local y global”.
El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), Ignacio Toro, se refirió al nuevo reglamento para
el sistema y mencionó que entre sus objetivos busca ampliar
la participación ciudadana. “En este punto se crea
un proceso específico de consulta para los pueblos originarios
que de cumplimiento al estándar OIT 169 y a lo indicado
por la Corte Suprema en lo que respecta al Servicio Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA)”.
Carmen Gloria Contreras, encargada de regulaciones del sector
industrial de la Oficina de Asuntos Atmosféricos del
Ministerio de Medio Ambiente, se refirió a las implicancias
de la futura norma de emisiones para las fundiciones de cobre
y precisó que lo que se busca es restringir las emisiones
de SO2, As, Hg y MP a través de un techo de emisiones
por ton/año. Para el caso del SO2, sus emisiones deberían
estar entre un 95% y 96% de captura y fijación, y el
arsénico entre 96% y 97%.
Jorge Lagos, gerente de Asuntos corporativos y Sustentabilidad
de Transelec, se refirió a la propuesta de modificación
del reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)
y señaló que las áreas de influencia y línea
base están relacionadas con las áreas protegidas. “el
nivel de ingeniería de detalle que solicitará el
reglamento no se condice con la realidad de un proyecto ni tampoco
del financiamiento”.
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